La verdad en perspectiva sobre la enmienda de 2013 al contrato de la Barrick Gold

A raíz del anuncio hecho por el presidente Luis Abinader, de que la Barrick Gold adelantaría recursos al gobierno dominicano durante los años 2020 y 2021 para así evitar un aumento de impuestos, vuelve sobre el tapete la empresa minera que se halla en el centro de  unos de los mitos más arraigados que se hayan construido en nuestra historia  reciente.

El 27 de febrero del año 2013, en su rendición de cuentas a la nación, un Danilo Medina con apenas 6 meses de mandato narró a una expectante nación los detalles aborrecibles y abusivos contenidos en la última enmienda del contrato para la explotación minera de Pueblo Viejo. En su dantesca descripción de la enmienda firmada en el año 2009,
el entonces presidente proclamaba, con altisonante patriotismo, que “El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, es del pueblo dominicano” y de nadie más, y que él no
permitiría que se perpetrara el deleznable abuso que constituía el hecho de
que, según él, de cada 100 dólares de ingresos de exportación, la Barrick
recibiría 97 dólares, y el pueblo dominicano, solo 3.

Arrancó delirantes aplausos por
doquier. Fue vitoreado como salvador y protector de las riquezas naturales del
pueblo dominicano, y de haber sido esto cierto, lo hubiese merecido
sobradamente. Sin embargo, a continuación, demostraremos que las modificaciones contractuales realizadas a
instancias del presidente Medina, si bien mejoraron marginalmente la
participación del Estado dominicano, en gran medida, solo sirvieron para
adelantar ingresos en favor del gobierno durante 2013 – 2016, sin producir un
incremento significativo de la totalidad de ingresos a recibir durante la vida
del proyecto.

La “aborrecible” enmienda de 2009, y las principales diferencias con
aquella de 2013.

En el año 2009, el mundo vivía
una recesión económica generalizada, a raíz de la crisis financiera global registrada
a partir de 2008. La Inversión Extranjera Directa (IED), a escala planetaria, decrecía
a ritmo vertiginoso y el precio por onza de oro se situaba en un valor inferior
a los US $1,000. Fue en ese contexto de inmenso pesimismo e incertidumbre que
el gobierno dominicano logró una inversión de la Barrick Gold de unos US$ 4,000
millones, que representó el 40% de toda la IED registrada entre los años 2009 y
2012.

En el
2013, en cambio, cuando se hace la enmienda “patriótica” anunciada por el
presidente Danilo Medina, la economía mundial mostraba ya niveles estables de
crecimiento, con una regularización de los flujos de inversión, y con precios
del oro que rondaban los US $1,600 por onza, con expectativas hacia el alza.

De conformidad con
lo acordado en 2009, la empresa estaría gravada con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la tasa de 25%; con el Impuesto de Participación Sobre Utilidades
Netas (PUN), con una tasa de 28.75%, aplicada sobre el flujo de efectivo
neto luego de deducir el ISR, y pagable a partir de obtener una Tasa Interna de
Retorno (TIR) de 10% — una práctica común en este tipo de inversiones muy
intensivas en capital—; y con el pago de la Renta Neta de Fundición (RNF) equivalente a la regalía por la
concesión, aplicada sobre la producción del mineral, con una tasa de 3.2%. Este
último, al ser una especie de royalty,
no está condicionado a que la empresa obtenga ganancias.

En la enmienda de 2013, el ISR se mantuvo con igual tasa que la acordada
en 2009, pero se cambia el esquema de depreciación fiscal aplicable para
algunos activos. El efecto de esto es que se reduce el monto permitido como
gasto deducible, con lo cual se genera mayor impuesto a pagar en los primeros
años, pero sin aumentar lo que se obtendría durante la vida del proyecto. 

Otro cambio fue la
aplicación de un tope a la tasa de interés (de no más de LIBOR + 3%) para los
financiamientos ya contraídos por la empresa minera con sus filiales, con el
fin de limitar los intereses deducibles del ISR. Si bien esto significó menores
gastos deducibles, su efecto se ve disminuido por el hecho de que la empresa ya
había pagado el 5% sobre los intereses girados al exterior basado en un monto
mayor, por lo que en la propia negociación del 2013 se permitió que el exceso
de impuesto que ya había pagado se le acreditase. Y esto solo aplicó a los
financiamientos ya existentes, y no así para los futuros. Incluso , la propia
versión de contrato de 2009 ya incluía la posibilidad de ajustar las tasas de
financiamiento basado en el criterio de “términos
comercialmente razonables”. 

El principal cambio
de la enmienda de 2013 fue eliminar el prerrequisito de alcanzar una TIR de 10%
para iniciar los pagos del PUN. Si bien es cierto que este cambio tuvo un
impacto relativamente importante, ha sido sobrevaluado considerando, que de haberse
mantenido el requisito, este impuesto se pagaría a partir de 2017, pudiendo
incluso haber sido mayor el monto a pagar toda vez que a mayor ISR menor PUN.

El único impuesto
que crea la enmienda de 2013 fue el Impuesto Minero Anual (IMA), un gravamen
mínimo que solo se paga si el monto resultante de multiplicar los ingresos
brutos por la tasa del IMA, resulta mayor a la suma de los pagos del ISR y el
PUN. Sin embargo, su impacto ha sido de poca importancia, generando RD$5.2 mil
millones entre 2013 y 2019, lo cual representa solo el 6% del total recaudado de
la operación minera. Por concepto del IMA, no se recibió pagos en 2016, 2017,
2019 y tampoco en lo que va de 2020.

Finalmente, en un
afán por exhibir un resultado extraordinario de la renegociación de 2013, se
incluyeron como logros, aspectos que nada tienen que ver con las modificaciones
contractuales de la renegociación de 2013; por ejemplo, la ganancia de capital
por comprar las acciones a Placer Dome y el pago por los resultados obtenidos
de una fiscalización cuya contratación se realizó en diciembre 2011, es decir,
en el periodo gubernamental previo al del presidente Danilo Medina. 

Las recaudaciones
esperadas y la realidad entre la enmienda “aborrecible” y la “patriótica”

En declaraciones
oficiales del gobierno del momento, se
informó que durante toda la vida de la mina los ingresos proyectados a raíz de
la enmienda de 2009 totalizarían US $9.9 mil millones, y que la enmienda de
2013 aumentaría en 17%, es decir, en US$1.8 mil millones, esos ingresos
esperados.

En mayo 2013 la Barrick
Gold emitió un comunicado de prensa respecto a las modificaciones de la
enmienda de ese año, en el que establecía que los cambios que se realizarían
generarían US$2,200 millones de ingresos para el gobierno dominicano durante
2013 – 2016, es decir, ingresos adelantados para el gobierno de turno, siempre
que el precio del oro bordeara los US$1,600 por onza. Sin embargo, esto no ocurrió.

El precio promedio
anual durante 2013 – 2016 alcanzó US$1,142 por onza de oro, solo un 70% del
precio utilizado al momento de, con sobrado optimismo, anunciar al país que la
participación del gobierno en las ganancias de la mina pasaría de 37.1% con la enmienda
de 2009, a 51.3% con la enmienda de 2013. Esto, evidentemente, tampoco nunca
sucedió.

Durante dicho
periodo, los ingresos obtenidos por la operación minera, aún incluyendo
elementos como la Ganancia de Capital de Placer Dome por US$73.2 millones que
no puede atribuirse a la enmienda de 2013, totalizaron US $1.2 mil  millones, lo cual representa un 46% menos de
lo proyectado y anunciado por el gobierno de entonces.

Entre 2013 y 2019,
los años donde la enmienda de 2013 revertiría, a juzgar por el tono del
presidente Medina aquel 27 de febrero de 2013, la reprochable negociación de
2009, y donde sería equilibrado ese supuesto 97/3 en detrimento del pueblo
dominicano, la operación minera sumó ingresos totales por RD $84 mil millones.
De ese monto, solo RD$5.2 mil millones pueden ser atribuidos al IMA, única
fuente de recaudo que no existía en el acuerdo de 2009.

En esencia, ¿qué
logró la enmienda de 2013 con respecto a aquella de 2009? Aparte de la creación
del IMA ya tratado anteriormente, lo fundamental fue que la Barrick Gold
adelantara al gobierno de turno ingresos previstos para años posteriores. ¿Es
esto criticable? No necesariamente. Si tomamos en cuenta lo mucho que había
cambiado el panorama económico global entre 2009 y 2013, y el incremento de un
60% en el precio de oro entre esos años, un cambio en los términos inicialmente
acordados no tendría que ser criticado; y de hecho, ni la propia empresa minera
lo condenó.

Lo que, en cambio,
si resulta objetable, es la demagogia con que el gobierno de turno quiso
instalar la narrativa de que ellos, los patriotas salvadores, habían logrado rescatar
de las garras de una multinacional la riqueza de los dominicanos, entregada a
estos en alta traición a la patria por la administración anterior. Es eso, más
que nada, lo que resulta reprochable, al reafirmar nuestra lamentable tara
cultural de negarnos al reconocimiento de aquello que lo amerita, pero sobre
todo, nuestro irresponsable desprecio para con la continuidad de Estado.